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¿Las reformas laboral y tributaria favorecen o no a las pymes?

CAME analizó ambas medidas, cuyo tratamiento legislativo impulsa el Gobierno. Cuáles son los pros y contras que encontró.

Por Hernán Murúa

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que representa a unas 600.000 pymes industriales y comerciales de nuestro país, analizó las reformas laboral y tributaria cuyo tratamiento legislativo impulsa el gobierno.
Sobre la reforma laboral, el presidente de CAME, Fabián Tarrío, expresó: “Merece el reconocimiento que otorga la posibilidad de crear empleo en un ámbito de respeto hacia el trabajador. Pero es tan amplia y fundamental para los sectores involucrados en ella, que necesita que la discusión sea entre los protagonistas del sector del trabajo y los empresarios, conjuntamente con el gobierno y el poder legislativo”.

La entidad, no obstante realizó las siguientes consideraciones al respecto. Se manifestó de acuerdo con las medidas incluidas que tienden a disminuir la litigiosidad laboral, al terminar con la responsabilidad solidaria por servicios subcontratados, y que, ante la falta o incorrecta registración de un empleado, se abonaría la multa directamente a organismos de seguridad social en lugar de al demandante, lo cual apunta contra la industria del juicio. Lo propio indicó acerca de las que impulsan el blanqueo laboral y las referidas al nuevo cálculo de indemnización por despido.

Sin embargo, mostró preocupación acerca del reemplazo del Decreto 814/01 por un régimen menos beneficioso para las provincias del interior, ya que, sostuvo, es la única herramienta que se utiliza para compensar entre provincias la presión de las contribuciones patronales, al computar un porcentaje de las remuneraciones como crédito fiscal en el IVA.

De acuerdo con CAME, este instrumento es muy importante si se tiene en cuenta que los acuerdos salariales se definen desde una óptica de las ciudades más desarrolladas y para una pyme del interior resulta dificultoso asumirlos. El nuevo proyecto establece un esquema que disminuye el beneficio en varias regiones y que finalmente lo elimina en cinco años.

Asimismo, la entidad aseguró que, en el corto plazo, sube el costo de la pymes que no es prestadora de servicios, porque la contribución patronal pasa del 17% desde el 2018 al 19% en el 2022. También reprobó la prohibición de acordar sumas no remunerativas en las Convenciones Colectivas de Trabajo, puesto que ese instrumento se utilizó para sobrepasar situaciones de crisis a la hora de acordar paritarias en momentos difíciles.

Finalmente, CAME expresa que vería con agrado que, además del fomento del empleo juvenil, se incluyan beneficios para fomentar la toma de personal mayor de 50 años de edad.

Reforma tributaria

Con relación al anteproyecto de ley sobre Reforma Fiscal, “CAME expresa que, en general, las medidas permiten incentivar la producción, aunque algunas de ellas merecen un debate más profundo y con activa participación de los sectores involucrados de todo el país”, según Tarrío. De hecho, destaca que se trata de un proyecto que tiende a reducir el costo fiscal, entre distintos tributos y contribuciones patronales, dando un alivio al sector productivo.

En detalle, indica que el gravamen sobre la renta financiera es una medida que venía siendo solicitada por CAME y le daría equidad al sistema tributario. No obstante, aclara que se debe monitorear su posible impacto en la tasa de interés que pagan las pymes y en la disponibilidad de financiamiento.
Respecto de la reducción del impuesto a las ganancias para utilidades reinvertidas, sostiene que su efecto se verá a largo plazo, porque la baja es gradual. Sobre la devolución anticipada de saldos a favor de IVA para inversiones, destaca la importancia de la medida, ya que en el régimen vigente generaba fuertes costos financieros su no devolución. Sin embargo, lamenta que no se haga mención de la devolución de saldos a favor de diversos impuestos nacionales que las pymes acumulan desde hace años y que, en muchos casos, no permiten compensación entre impuestos y menos aún con conceptos de seguridad social.

Cómo atacar la falta de competitividad

Para mejorar la competitividad de las pymes, CAME propone, en primer lugar, reglamentar los artículos 10 y 11 de la Ley Pyme, que contemplan beneficios fiscales para las empresas radicadas en zonas de frontera, cuando se producen desequilibrios económicos que afecten la competitividad frente a países limítrofes, junto con beneficios para las economías regionales.
Hace lo propio, en segundo término, con la sustitución del impuesto a los Ingresos Brutos por uno más progresivo, además de la simplificación y reducción de costos administrativos por el pago de tributos.
Además, plantea la necesidad de más fondos destinados a créditos para las pequeñas y medianas empresas, ya que la mayoría se financia fuera del sistema. Por ejemplo, la entidad propone incrementar la oferta de créditos UVA y medidas que alivien el costo financiero sobre el stock de deuda.
Finalmente, la entidad señala que sería muy positivo establecer mecanismos para reducir impuestos a los combustibles para el transporte terrestre, y aumentar la oferta de sistemas alternativos, ya sea fluviales o por ferrocarril, para reducir los costos logísticos.

Con relación al mínimo no imponible para contribuciones patronales, considera que es buena medida, reduce el costo laboral de la pequeña y mediana empresa, pero su efecto es gradual. Sobre el impuesto al cheque a cuenta de ganancias, lo califica de excelente, aunque CAME propicia que sean incluidos los monotributistas que, como no pagan ganancias, no pueden deducirlo.
En materia de subas de los impuestos internos, la entidad explica que debe analizarse especialmente el impacto en las producciones artesanales de cervezas y bebidas alcohólicas como aguardientes. En ese sentido, CAME prevé que la medida genere un fuerte impacto negativo en las economías regionales, especialmente en el pequeño y mediano productor. Asimismo, preocupa el impacto en el Noroeste, si se apunta contra el azúcar.

No obstante, desde CAME ven con preocupación que en el texto difundido no se haga mención a políticas diferenciadas orientadas a las pymes y a las provincias fronterizas, que enfrentan, en la actualidad, un problema de competitividad. Al mismo tiempo, sostienen que, desde el Pacto Fiscal firmado en 1993, no se abordan en la discusión los impuestos provinciales, especialmente Ingresos Brutos, resaltando su regresividad y efecto en cascada en la economía.

 

2018-01-18T18:49:29+00:00